Discapacidad,  Inclusión,  Legal

La educación especial en la nueva Ley de Educación (Ley Celáa)

Mucho se está hablando de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), o Ley Celaá como se la conoce comúnmente, y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre. En el ámbito de la educación especial y de las personas con discapacidad, la anterior ley, la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada en el año 2.013 por la llamada Ley Wert, la misma se regulaba en los artículos 73, 74 y 75 de dicha ley. Concretamente, la Ley Celaá, modifica los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 74, así como el artículo 75, dejando el artículo 73 en la misma redacción. 

La nueva redacción del apartado 2 del artículo 74, dispone que serán profesionales quienes evalúen y valoren a qué tipo de centro debe ir el alumno, atendiendo al interés del menor y “la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las Administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo.”.

Respecto al apartado 3 del citado artículo 74 de la Ley Celaá, establece que, una vez terminado el curso escolar, y atendiendo a los resultados obtenidos por el alumno con necesidades especiales, “podrá modificar su régimen de escolarización para incluir a los estudiantes en el modelo más exclusivo”.

“3. Al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos de manera individual para cada alumno. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo.

En cuanto a lo que se refiere al apartado 4, la nueva redacción determina que es deber de las Administraciones educativas deberán promover la escolarización en la educación infantil de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, así como “desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria”.

4. Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales y desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria. Para atender adecuadamente a dicha escolarización, la relación numérica entre profesorado y alumnado podrá ser inferior a la establecida con carácter general.

En lo que respecta a su apartado 5, las Administraciones educativas deberán favorecer que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan continuar con su escolarización de manera adecuada en todos los niveles pre y post obligatorios. También se “deberán adaptar las pruebas para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran”.

5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada en todos los niveles educativos pre y postobligatorios; adaptar las condiciones de realización de las pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo requieran; proporcionar los recursos y apoyos complementarios necesarios y proporcionar las atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo durante el curso escolar.” 

Por su parte, el artículo 75 se modifica íntegramente, quedando redactado de la siguiente forma:

1. Cuando las circunstancias personales del alumno o alumna con necesidades educativas especiales lo aconsejen para la consecución de los objetivos de la enseñanza básica, este alumnado podrá contar con un curso adicional. Estas circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente acreditadas. 

2. Con objeto de reforzar la inclusión educativa, las administraciones educativas podrán incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españolas. 

3. Con la finalidad de facilitar la inclusión social y laboral del alumnado con necesidades educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades específicas. 

4. Las Administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad.

Por último, en lo que respecta a los Centros de Educación Especial, la Ley Celaá, en su Disposición Adicional Cuarta, determina que se debe de aprobar un plan para que, en el plazo de diez años, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones a las personas con discapacidad”. Así mismo, afirma que las Administraciones educativas “seguirán prestando apoyo a los centros de educación especial”.

Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy 100 especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios

Fuente: BOLETÍN OFICIAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/78198_1605687678029.pdf

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